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Comenzó la ola de calor, la primera del verano y con ello, aunque se ha hablado desde enero de lo mismo, el temor de las personas por los incendios forestales se ha hecho carne. En su recuerdo está que durante el verano de 2023 se quemaron más 430 mil hectáreas de bosques (nativos y monocultivos), 1.500 viviendas fueron destruidas por el fuego y 7 mil personas resultaron damnificadas por las llamas en Chile.
Mientras las autoridades se reúnen para prevenir, combatir y luego apoyar a los que pierden todo, los tres poderes del Estado trabajan para evitar los siniestros y mientras el Ejecutivo construye planes concretos, el Legislativo termina con su Comisión Investigadora creando, también, leyes en torno a la materia y, el Judicial, sigue buscando los culpables de lo ocurrido en la temporada pasada.
LEY CORTA
Una Ley Corta, independiente de su origen, permite desarrollar, en el corto plazo, una solución legal a un tema que, o bien debe ser modificado o bien, debe adaptarse a la realidad de siglo XXI. Si se quiere, modificar una norma anacrónica para que funcione en el presente.
En este sentido, dos leyes están en el parlamento esperando nacer para entregar más herramientas que ayuden a prevenir y combatir los incendios forestales. La Ley Corta de Corta Fuegos ingresó por el Senado de la mano del senador Gastón Saavedra; mientras que por la Cámara de Diputados ingresó la Ley Corta de Incendio, de Felix González. Ambas debieran refundirse solo en una, pero eso se verá en marzo, cuando esta temporada de incendios forestales esté en su recta final.
Si bien, el senador socialista asume que esto se debatirá al regreso del feriado legal del Congreso, lo cierto es que, al explicar su idea legislativa, esta busca “lograr que haya una medida acotada para prevenir la propagación y minimizar los efectos de los incendios forestales”, por lo que pedirá urgencia legislativa.
En paralelo, durante la semana pasada los diputados enviaron a los senadores la moción de González, que en pocas palabras quiere empoderar a los municipios frente a las transnacionales de la producción de madera y lograr que los alcaldes tengan herramientas para exigirles tareas que ayuden a prevenir siniestros en el campo.
Los proyectos también fueron analizados por el senador, Sebastián Keitel quien dijo que “es importante modernizar nuestra ley de incendios para aumentar la participación de privados y también de las municipalidades como lo propone este proyecto; sin embargo, hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, las capacidades locales, de recursos humanos y financieros, para realizar las modificaciones a los instrumentos de planificación territorial, así como también, clarificar por ejemplo de manera más precisa, los alcances de lo que se entiende por “plantaciones forestales”, ya que podríamos afectar el desarrollo de áreas verdes en las ciudades”.
LA REALIDAD DE BIOBIO
De acuerdo a la información entregada desde el Ejecutivo a través de instituciones como Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (ex ONEMI), cerca de 185 mil hectáreas ardieron en el Biobío, sin importar si fueron bosques, plantaciones o viviendas, lo real es que el fuego se llevó vidas y recuerdos.
Por lo mismo, Saavedra ve la urgencia de refundir pronto ambas ideas legislativas al recordar que “la prontitud a una ley que faculta a los municipios y particularmente al Servicio Nacional de prevención de riesgo y desastre, para obligar y fiscalizar”, se hace imperiosa a la hora de intentar que prevenir un siniestro.
Desde su vereda, Keitel ha pedido “explorar fórmulas más efectivas para desincentivar el delito de incendio. Desde el Senado, ingresé, en enero de este año, un proyecto para aumentar las penas contra quienes justamente incendien bosques, pastos, montes, cerros o plantíos, y espero que el Gobierno pueda ponerle urgencia”.
EL GRITO DE AUXILIO DE LOS ALCADES
Para los alcaldes de Mulchén, Negrete y Quilaco, toda ley que venga a beneficiar a sus vecinos y vecinas es buena, sin embargo, dos temas detienen y alarman a los ediles, pues aún no son invitados al debate y aún no saben qué tipo de financiamiento tendrán las normas que buscan empoderar a los municipios frente a la industria de la madera.
El Vicepresidente de la Asociación de Municipios de la Región del Biobío y alcalde de Mulchén, Jorge Rivas es claro en desnudar que la creación de leyes que hablan de realidades locales y territoriales se hace sin que se considere su opinión.
“Siempre es importante escuchar la voz de los alcaldes y de la alcaldesas y, por cierto, también de las comunas en general, pero por sobre todo de sus autoridades que son electas. Incluido también en el Concejo Municipal porque somos quienes conocemos la realidad territorial, la realidad comunal” apuntando a “que hay leyes que lamentablemente fracasan en su ejecución por no haber escuchado a los actores relevantes del área”.
En tanto, el alcalde de Negrete, Alfredo Peña hizo un llamado para que cuando “se legisle en este tipo de medidas, que son sumamente relevantes y súper importantes en la región, se tome en cuenta a los alcaldes y alcaldesas, esto a través de mesas de trabajo, porque al final estos cambios a la norma, son positivos”.
Para el alcalde de Quilaco, ambas normas son necesarias, pero tanto como aquello es necesario que estas vengan con dinero: “Lo más importante que cuando se legisle, cuando esta ley salga, que salga con presupuesto porque siempre que los municipios tenemos que aplicar la ley no tenemos presupuesto”.
